LOS NUEVOS LIBERAL-PROGRESISTAS HAN DE RETRATARSE

El mismo Ciudadanos que respalda a un alcalde socialista, el de Granada, que continúa imputado pese a haber declarado hace tiempo ante el juez, que apoya al Gobierno de Andalucía a pesar de sus cargos investigados, o que defiende a su propio diputado de las Cortes Valencianas, Domingo Rojo, que será juzgado bajo la acusación de apropiarse de 246.000 euros de una familia, se hace ahora la damisela ofendida con el presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por el hecho de que, sin tan siquiera haber sido encausado, pretende hacer uso de un derecho que hasta ahora se le ha negado: el de explicarse y dar su versión y defender su inocencia.

Una doble vara de medir, una vez más, escandalosa, y que resulta especialmente sangrante cuando Ciudadanos acaba de impulsar una iniciativa en el Congreso que sitúa el límite de la renuncia o cese en el juicio oral. Una regla que, inexplicablemente, y pese a que como ley tendría, obviamente, efectos "erga omnes" entre todos los españoles, no consideran sin embargo aplicable a la Región de Murcia. Como, hace tiempo, tampoco aquella doctrina sobre responsabilidades políticas que sentara el mismísimo Albert Rivera para justificar la posición de su partido en Andalucía: "no es lo mismo meter la pata que meter la mano". Algún día explicarán los "naranja" por qué razón a los murcianos se nos tiene que tratar peor, o al menos con mucha mayor exigencia que a los demás.

Empero, el argumento al que se agarran quienes justifican semejante trato desigual es el supuesto incumplimiento por parte del presidente Pedro Antonio Sánchez del acuerdo de investidura, y en concreto de aquel epígrafe que exige su dimisión en caso de que sea imputado. Pues bien, en efecto, los términos de ese concreto punto del pacto hablan de "imputación", definición jurídica que ha dejado de existir desde la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; la cual establece ahora una clara distinción entre las categorías de "investigado", fase en la que se encuentra el presidente, y "encausado", que la misma Ley define expresamente como "aquel a quien la autoridad judicial, una vez concluida la instrucción de la causa, imputa formalmente el haber participado en la comisión de un hecho delictivo concreto". Por tanto, no ha habido tal imputación formal, por lo que el pacto no se incumple y no debería haber razón alguna, que no sea la de sumarse a una estrategia de desgaste y linchamiento personal, para que Ciudadanos lo haya roto unilateralmente.

A todo esto se le llama, en cualquier caso, actuar con equidad, ponderación y responsabilidad, virtudes que, según sus alabadores más o menos oficiales, adornaban a la rama supuestamente liberal (pero progresista) de la "nueva política". La pregunta que cabe hacerse ahora es la siguiente: ¿qué va a hacer Ciudadanos a partir de ahora? Además de echar por tierra un pacto con el PP absolutamente beneficioso para la Región de Murcia (que sigue liderando el crecimiento económico y la creación de empleo en España en virtud de unas medidas reformistas y liberalizadoras), ¿propiciar un Gobierno "tripartito" y antinatural con PSOE y Podemos que, dadas sus conocidas políticas contraproducentes y desincentivadoras, solo puede traer precisamente inestabilidad, incertidumbre y retroceso?

En tal caso, bien que se retratarían ante su electorado quienes dicen abrazar ahora el "liberalismo progresista". Pero esperaremos acontecimientos.