Frente a movimientos callejeros de cercos a la sede de la soberanía nacional incluso en el ejercicio de sus funciones, minoritarios pero de clara tendencia golpista (ellos sí) y actos propios de la Camorra (ellos, también), cabe proclamar alto y claro que ha sido una investidura impecablemente legítima y democrática (como todas las que han tenido lugar bajo nuestro sistema constitucional) y desarrollada bajo los estrictos cánones parlamentarios; empañada, eso sí, y nuevamente, por el comportamiento grosero y barriobajero de quienes, dentro del mismo Congreso, pretenden degradar un parlamentarismo del que abominan intentando convertir unos debates políticos basados en hábitos de cortesía en grotescas discusiones de taberna. Afortunadamente, como además ha quedado de manifiesto durante el mismo debate de investidura, conforman una amplísima mayoría las fuerzas políticas que defienden la Constitución, las instituciones democráticas y el sistema de Monarquía parlamentaria en que se asientan.
En cuanto al debate en sí, Rajoy, sin abandonar el tono conciliador y moderado de su primer discurso, sí le imprimió mayor firmeza a su alocución al dejar meridianamente claro que, ni piensa renunciar a toda la obra reformista emprendida, cuyos satisfactorios resultados son obvios, ni a los compromisos de estabilidad presupuestaria adquiridos con la Unión Europea, que trascienden, como él mismo ha resaltado, a los Gobiernos y sus distintos colores, ni por supuesto a la defensa de la Constitución y la unidad de España, como es además su obligación como jefe del Ejecutivo. Que, en suma, y según palabras textuales suyas, su intención es la de presidir un Gobierno que gobierne, y no que sea gobernado. Porque, en efecto, el hecho de tener que negociar y pactar cada ley en las Cortes Generales, empezando por los mismísimos Presupuestos Generales del Estado, no debería conllevar una especie de Ejecutivo "títere" y sin capacidad de maniobra que nos lleve al desconcierto, cuando no al desgobierno puro y duro; ni tampoco que el Legislativo se abone al bloqueo o se arrogue de funciones que corresponde desempeñar al poder Ejecutivo, como de hecho ha llegado a ocurrir en ciertos casos en alguna Comunidad Autónoma como Murcia.
Desde luego, y para no terminar haciendo un pan como unas tortas, es exigible dotarle al Gobierno de una mínima estabilidad para que actúe como tal, y para ello se deben alcanzar acuerdos en materias fundamentales (quizá sobre la base de los 150 puntos programáticos pactados con Ciudadanos) y de amplio espectro parlamentario, principalmente entre los partidos constitucionalistas. El recién investido presidente del Gobierno cuenta con un as bajo la manga, y bien que lo sabe: que, transcurridos seis meses, y si no cuenta con la colaboración básica de Ciudadanos y PSOE, puede pillar a ambos con el pie cambiado adelantando unas elecciones generales que no les convendrían. Y quién sabe: dicen que los matrimonios de conveniencia son los que más duran, por lo que podemos encontrarnos con una legislatura dura y díficil, pero no tan corta como parece.
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