En un partido, el PP, cesan o dan de baja de la organización a
personas investigadas o imputadas, e incluso hay quien dimite asumiendo
responsabilidades políticas sin tan siquiera hallarse incurso (o incursa)
en investigación judicial alguna, como ha sido el reciente paso dado por Esperanza Aguirre; en otro, el PSOE, mientras se permite
presumir de limpieza y pureza a la vez que utiliza la corrupción como
coartada para deslegitimar al PP como opción de Gobierno pese a haber cosechado la mayoría de los votos, no solo no toma medidas contra algunos de sus imputados,
sino que además en algún caso hasta los premia y promociona. Así, la socialista y
otrora 'azote de corruptos' Carmen Montón, consejera de Sanidad del
Gobierno PSOE-Compromís de la Comunidad Valenciana, la misma que no se
ha recatado en enchufar a troche y moche desde que tomara posesión del
cargo (algo que hubiera levantado una inmensa polvareda nacional si hubiese venido de alguien del PP), ha tenido a bien nombrar como alto cargo de su departamento a un
concejal del PSOE imputado nada menos que por delito electoral. Y cabe
resaltar tamaño y tan ejemplarizante proceder aquí, dado que, al no
tratarse de un caso concerniente al PP, no ha obtenido apenas repercusión en
el panorama mediático nacional.
Como tampoco se ha hablado, no ya de otras imputaciones o investigaciones a ilustres militantes socialistas, como la del que fuera primer secretario del Partido Socialista de Cataluña, Pere Navarro, por tráfico de influencias, o la del mismísimo Juan Pedro Hernández Moltó ('don Mariano Rubio: míreme a la cara'), en el banquillo de los acusados por su gestión al frente de Caja Castilla-La Mancha; sino de condenas a penas de cárcel en sentencia judicial firme que han tenido lugar en los últimos días: como la de la exalcaldesa (socialista) de Plasencia por fraude y prevaricación; como la de la también exalcaldesa (socialista) de Jerez de La Frontera por falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación; como la de un exviceconsejero de Obras Públicas (socialista) del Gobierno de Aragón por malversación; como la de la exalcaldesa (socialista) de Aliseda, en Extremadura, por prevaricación urbanística, que ha llevado consigo la pena de inhabilitación... Eso sí, para la inmensa mayoría de los medios de comunicación (en especial los televisivos), solo hay corrupción en Valencia, Madrid y Murcia (y en la medida en que pueda afectar al PP, por supuesto), y muy a pesar por ejemplo del récord absoluto de mil imputados y 6.000 millones de euros de dinero público defraudado que ostenta la Junta (eternamente socialista) de Andalucía.
Sea como fuere: ¿tendría algo que decir Pedro Sánchez, 'don Limpio', al respecto de todo lo expuesto aquí? ¿O quizá cabe esperar de él una respuesta similar a la de su defensa a ultranza ('creo en su inocencia') de Gómez Besteiro, a quien mantiene como líder del PSOE gallego pese a hallarse imputado por tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y un delito contra la ordenación del territorio? Y es que los vetos del PSOE de Sánchez a cuenta de la corrupción ajena (solo la del PP, claro) son
un ejercicio de fariseísmo elevado a la enésima potencia, una burda justificación de sus intentos de llegar a La Moncloa pasando por encima de todo, incluso del sistema constitucional y de la soberanía nacional. Le dijo la sartén al cazo: 'apártate, que me tiznas'.
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