NO TODOS SON IGUALES

Griñán anuncia que se va del Senado... pero sin renunciar a su escaño. Esto es: se limitará a 'hacer novillos' hasta que el Parlamento andaluz designe al senador que ha de sustituirle. No es, pues, una dimisión supuestamente 'forzada' por su implicación judicial en el escándalo de los ERE fraudulentos (y para allanarle así a Susana Díaz la presidencia de la Junta de Andalucía), sino simple y llanamente una monumental tomadura de pelo; y por mucho que en el PSOE y adláteres no se recaten en presentarlo incluso como un noble gesto de asunción de responsabilidades políticas.

Por cierto, qué poquísima repercusión mediática ha obtenido la muy significativa y demoledora declaración en el Tribunal Supremo del ex interventor general de la Junta de Andalucía a propósito de los ERE fraudulentos. Y es que la diferencia reside en que ni a Chaves ni a Griñán, ni a ninguno de los muchos encausados por el escándalo, se les ha montado ningún dispositivo de registro y detención retransmitido en directo por televisión ('acogotamiento' incluido), sino todo lo contrario: en su momento se bajaron y subieron a sus coches oficiales, y entraron y salieron de la puerta del juzgado, tan campantes e incluso sonrientes, y sin que ni tan siquiera ningún 'indignado' les profiriera el más mínimo insulto. Y muy a pesar que se trata ni más ni menos que del saqueo sistemático de alrededor de mil millones de euros de dinero público destinado a ayudas a parados, y para mayor escarnio en la región española con mayor índice de desempleo.

Definitivamente, no todos son iguales ante los medios de comunicación; o, al menos, la mayor parte de ellos, que suelen contar además con la inestimable colaboración de ciertos resortes y submarinos del Estado asentados en cloacas, expertos en idear y organizar muy impactantes operaciones mediáticas, y siempre al servicio de un partido que, no obstante, continúa sin lograr despegar en las encuestas.

'CORDÓN SANITARIO' A LA MURCIANA

La izquierda chavista y antisistema de Pablo Iglesias Turrión puede empezar a tocar poder y, por tanto, 'probar moqueta' en las próximas elecciones locales y autonómicas... de la mano de los muy constitucionalistas y 'social-liberales' (sic) de Albert Rivera, el nuevo 'niño mimado' (éste sí) de la derecha mediática, en especial de la más furibundamente antimarianista. Al menos, en la Región de Murcia, donde ha tenido lugar una especie de pacto preelectoral entre nada menos que cinco partidos (PSOE, IU, UPyD, Podemos y Ciudadanos), con el declarado objetivo de orillar al PP bajo el subterfugio de no alcanzar acuerdos de Gobierno 'con partidos políticos que cuenten entre sus cargos públicos con imputados (o figura legal equivalente) por delitos de corrupción'. - Seguir leyendo: http://www.libertaddigital.com/espana/politica/2015-04-23/cs-y-upyd-se-suman-en-murcia-al-pacto-de-la-izquierda-contra-el-pp-1276546336/

Porque, una vez más, nos encontramos con imputados (o simplemente investigados) que, por el mero hecho de ser del PP, se les desproveé de la más mínima presunción de inocencia, y por mucho que incluso en algún caso (como es el muy significativo del propio candidato a la presidencia del Gobierno regional por el PP, Pedro Antonio Sánchez) haya salido absuelto de todas y cada una de las innumerables querellas presentadas contra él (todas del PSOE, por cierto); y otros a los que, en cambio, no solo se les aplica rigurosa (y mediáticamente) el principio de impedir acusarles de nada 'mientras no esté probado', sino que incluso se les defiende y protege (véase Griñán, Chaves y demás imputados del caso ERE, véase incluso López Aguilar, que se permite no renunciar a su aforamiento pese a no hallarse incurso en asunto relacionado con su cometido político).

En realidad, de lo que se trata es de no desaprovechar una oportunidad de oro para saborear las mieles del poder, por mucho que tamaño pacto 'antinatura' se presente como de 'regeneración democrática'; y es que las encuestas de intención de voto vaticinan una mayoría clara del PP en la Asamblea Regional, si bien, de momento, a entre uno y tres escaños de la absoluta. Y claro, quizá no se vean en otra los cinco candidatos a la presidencia autonómica de los partidos antedichos (quienes, por cierto, se vieron todos generalmente desarbolados ante la serenidad, la solidez y la consistencia de Pedro Antonio Sánchez en un debate 'a seis', o más bien de 'cinco contra uno', celebrado recientemente en un hotel de la capital murciana). Y si para ello hay que pactar con el mismísimo diablo en forma de chavismo, se hace y punto.

Nos situamos, pues, ante el embrión de la edición murciana del 'cordón sanitario' (no sería disparatado barruntar que acabe extendiéndose a otros lugares de España), que resulta a su vez muy indicativo del panorama político que puede presentarse si el PP no logra la mayoría absoluta en las urnas: un Gobierno regional, cuando menos, 'cuatripartito', compuesto por PSOE, Podemos, IU y... Ciudadanos. Sí, Ciudadanos, el partido que aspira a crecer y ser decisivo captando votos procedentes del centro-derecha (y en cuyo empeño cuenta con el entusiasta apoyo de ciertos e irrestrictos guardianes de la ortodoxia liberal-conservadora)... quizá para en último término darle el poder a un conglomerado de izquierdas varias, incluida la antisistema. Luego que nadie se llame a engaño a la hora de votar.

PESE A TODO, EL 'SISTEMA'

El implacable devenir de los acontecimientos ha acabado poniendo de manifiesto un doble acierto de Aznar con respecto a Rato: primero, cuando le nombró vicepresidente de su Gobierno y, sobre todo, Ministro de Economía, en cuyo cargo se mostró como eficaz y hasta brillante gestor y ejecutor de su política económica (que reportó unos magníficos resultados); y después, cuando se decidió por la elección de Rajoy como su sucesor al frente del PP y en detrimento suyo: sus razones, en forma de oscuros intereses personales y patrimoniales, parecía tener (si bien en un principio parece ser que le ofreció tan suculenta herencia y sin embargo la rechazó, de lo que posteriormente, y ya demasiado tarde, se arrepentiría).

Sea como fuere, el registro y la detención, siquiera por unas horas (y sin que tenga que dormir en la cárcel), de quien fuera nada menos que vicepresidente del Gobierno, director del Fondo Monetario Internacional y presidente de una conocidísima entidad bancaria, supone una nueva demostración de que los resortes del imperio de la ley, del tan denostado 'sistema', continúan desempeñando su cometido de investigación y persecución del delito y el fraude, afecte a quien afecte. En consecuencia, bien podría formularse la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que se le someta a semejante trato a todo un preboste del poder político y económico bajo un ‘sistema’ que, según sobre todo la ultraizquierda que aspira a gobernar (y cambiar de régimen), se erigió por y para ‘los poderosos’ (‘la casta’), en una democracia ‘de ficción’ como la surgida de la Constitución del 78 (‘el candado’); además de que, por ejemplo, toda una Infanta de España, hija de Rey y hermana de Rey, se vea finalmente en la obligación de sentarse en el banquillo? Ni más ni menos, porque la nuestra es una democracia que, con todas sus fallas, poco tiene que envidiar a las del resto de Europa; donde rige un Estado de Derecho basado en la igualdad ante la ley, y en una Justicia que, pese a deficiencias, actúa con independencia.

También resulta harto indicativo que quien es o ha sido un símbolo del buen hacer económico del PP no haya obtenido precisamente trato de favor de un Gobierno de ese mismo partido (al que dejó de pertenecer con motivo del escándalo de las tarjetas 'black', por cierto). Aunque la oposición socialista no pierde ocasión para hacer el ridículo: así, es de aurora boreal pedir la dimisión de Montoro... cuando precisamente ha cumplido con su obligación como Ministro de Hacienda promoviendo las pesquisas y actuaciones de la Agencia Tributaria en este caso; o cuando exige la publicación de la lista de investigados de quienes se acogieron a la llamada 'amnistía fiscal' (investigación que demuestra que no fue tal), pese a que sería flagrantemente ilegal. Desde luego, resulta legítimo, y hasta exigible, que el PSOE intente sacar rédito político y electoral de tamaña conmoción mediática, pero pasarse de frenada y alcanzar niveles tan grotescos no parece la estrategia más adecuada ni para sus propios intereses.

YIHADISMO Y SEPARATISMO: UN MISMO RENCOR

Es un hecho constatable que el Parlamento de Cataluña acogió en julio de 2012 la visita de una delegación de cincuenta líderes islámicos, y muy a pesar de que el Ministerio del Interior hubiese alertado en su momento a la Generalitat del inquietante avance salafista en Cataluña. Así, ejercieron como anfitriones Josep Rull, entonces miembro de la Mesa del Parlamento catalán y hoy coordinador general de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC); Angel Colom, ex-mandamás de ERC pero entonces en calidad de dirigente de la fundación 'Nous Catalans', vinculada a Convergencia; y Nouredinne Ziani, por aquellas fechas presidente de la Unión de Centros Culturales Islámicos de Cataluña (UCCIC) y responsable del llamado Espacio Catalano-Marroquí, y quien, para más inri, fue expulsado de España en 2013 a instancias del CNI, que le acusó de amenazar a la seguridad nacional con su discurso salafista.

Si bien no era la primera ocasión que acudía una delegación de líderes musulmanes a Cataluña procedentes de Marruecos, nunca antes fueron recibidos con todos los honores en el Parlamento autonómico. Según reconocía 'Nous Catalans' en su misma web, el motivo de esta recepción de carácter institucional radicaba en la necesidad de que los imanes obtuvieran información directa de la «historia y realidad de la nación catalana»; y de ello se encargaría el mismo Josep Rull, que no se recató de exponer ante los imanes invitados principios sobre las pretensiones independentistas del Gobierno de Artur Mas. Y las recibieron momentos antes de distribuirse por diferentes localidades de Cataluña para impartir conferencias sobre el Islam.

Y es que en los últimos años se ha detectado un especial empeño de la Generalitat catalana y del nacionalismo en general para colmar de atenciones y ayudas procedentes de partidas de dinero público a los aproximadamente 400.000 musulmanes que residen en Cataluña, la mayoría de origen magrebí; ni más ni menos que con el objetivo de captarlos para la causa del secesionismo y así contribuir a fortalecerlo socialmente. Pero los Servicios de Inteligencia llevan tiempo alertando del peligro que conlleva tamaña estrategia: se está favoreciendo a un colectivo que está siendo dominado por las corrientes más fundamentalistas del Islam, como es la salafista.

Pues bien, tanto el Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz como su mano derecha, Francisco Fernández, tras las últimas detenciones de islamistas en Barcelona, se han limitado a resaltar y denunciar públicamente los vínculos detectados entre yihadismo y separatismo catalán, como es por otra parte su obligación. La respuesta del Gobierno nacionalista catalán y sus adláteres, de cajón: nuevo uso y abuso del consabido discurso victimista, hasta el punto de incluir esta última acusación del represor 'Madrit' en una lista de agravios que constituirán nada menos que un 'libro negro'; todo un sarcasmo viniendo de un nacionalismo que no ha dejado de atropellar derechos y libertades individuales.

¿Pero qué tienen en común el fundamentalismo islámico y el separatismo catalán, cabe preguntarse? Ni más ni menos, un mismo odio a España, cuya historia de unidad y edificación como nación, para más inri, no pueden entenderse sin la básica y decisiva contribución del cristianismo. Así, ambas corrientes, por lo demás típicamente colectivistas y liberticidas, pretenden destruir España: el yihadismo, para recuperar al-Ándalus; y el independentismo catalán, para hacerse con el poder absoluto sobre el trozo que aspiran a desgajar. Nada une más que compartir un mismo rencor.

¿ES SOLO LA ECONOMÍA?

Cierto es que a Rajoy y al PP se les votó fundamentalmente para que la economía se reactivara, se volviera a crear empleo y, en suma, para que España saliera de la crisis; y básicamente se ha conseguido, lo que no deja de tener su mérito: los últimos datos, no solo de crecimiento del PIB, sino de reducción del paro y de afiliaciones a la Seguridad Social, que continúan batiendo registros históricos, son significativa muestra de ello. Y muy a pesar de que le nieguen ahora al PP (de Rajoy) cualquier contribución a la recuperación económica los mismos que antes se alarmaban de las escandalosas subidas de la prima de riesgo y responsabilizaban de ello a un Gobierno recién constituido, al que además alguno que otro se permitía instar a pedir un rescate que sí hubiesen conllevado 'recortes' de verdadero infarto, como bien pueden acreditar aquellos países que no tuvieron más remedio que solicitar tan onerosa 'ayuda'.

¿Y cómo es posible que tamaño cambio de tendencia de la situación económica, principal demanda en su momento del electorado, no se refleje ni en las encuestas de intención de voto ni en las elecciones celebradas hasta ahora? Las respuestas a esta pregunta, que sobrevolaba en el ambiente de la última Junta Directiva Nacional del PP, son ciertamente variopintas: desde que la recuperación no ha calado todavía en los españoles, hasta que la gestión de la economía ni lo es todo ni en realidad da tantos votos como se cree, pasando por la conveniencia de poner el acento en los principios o determinados 'valores fundacionales' del partido, supuestamente abandonados. En este último aspecto, si finalmente la reforma de la ley zapaterina del aborto (que la falta de consenso, no con otras fuerzas políticas, sino dentro del mismo PP la han convertido en 'reformita') incluye, además de la obligación del consentimiento paterno para las menores de edad, eliminar la mención de la interrupción del embarazo como 'derecho', será en cualquier caso la prueba del nueve de si aquello que algunos elogian a Rivera se lo aplauden también a Rajoy. O no.

Sea como fuere, si nos referimos a los principios del PP de mayor impronta liberal desde Aznar, no deja de ser verdad que medidas como la reforma laboral (que tan magníficos resultados está reportando) o la de transportes, comercio, unidad de mercado... son liberalizadoras; al igual que las bajadas de impuestos en vigor (una vez convenientemente reducido el galopante déficit público heredado), o las políticas de reducción del gasto público (18.000 millones) y de aparato estatal (con la reforma de las Administraciones Públicas y , por ejemplo, la eliminación de alrededor de 2.000 empresas públicas) que han llevado a que la intervención del Estado en el PIB se sitúe sensiblemente por debajo de la mitad (en un 44%, frente al 56% de, por ejemplo, Francia). Y aún reconociendo que a mí particularmente, y dentro del consenso socialdemócrata imperante, me hubiese gustado una mayor audacia desde el punto de vista liberal.

Si nos salimos del terreno estrictamente económico, una reforma como la educativa (aunque se ha echado en falta dotar de mayor peso a las Humanidades) supone una enmienda de enjundia a décadas de fracaso socialista 'logsiano' (además de a la pretensión zapaterina de imponer el adoctrinamiento político en las aulas); y se corresponde, pues, tanto con los valores y principios propios del PP como la hace poco aprobada reforma del Código Penal, que implanta la prisión permanente revisable y, además, contempla el hurto, antes falta, como delito, medida que, amén de contar con el aplauso general de los comerciantes, supone todo un avance en materia de derechos individuales, y más concretamente del fundamental a la propiedad privada. 

En suma, en el PP no deberían dar por perdidos ciertos votos de quienes pueden sentirse decepcionados, no ya porque consideren que el Gobierno no se haya atenido a determinados valores, sino por medidas impopulares que no había más remedio que tomar y que todavía pasan factura. Bien es cierto que para recuperarlos es conveniente apelar directamente al electorado y explicarse más y mejor. De nuevo, hacer política: porque no siempre la mejoría de la economía se vende sola.

LA OPOSICIÓN DE 'TIERRA QUEMADA' DEL PSOE MURCIANO

Aquí reproduzco un artículo que hoy mismo me ha publicado el diario 'La Opinión de Murcia', en la columna cedida los jueves a 'Ciudadanos Para el Progreso'.

Una democracia no es concebible sin la presencia y labor de una oposición política que controle la acción del Gobierno de turno. Es normal e incluso exigible que quien la ejerce, más que centrarse en presentar soluciones alternativas de gestión política, proceda de manera dura y hasta inmisericorde con el Ejecutivo al que se opone con el fin de contribuir a desgastar política y electoralmente su imagen, y de manera especialmente intensa conforme se vea con menos posibilidades de alcanzar un poder al que aspira legítimamente.

En este menester, insisto, imprescindible en un régimen democrático que, como tal, no debe poner impedimentos a los cambios y alternancias en los Gobiernos si así lo deciden los ciudadanos en las urnas, caben, faltaría más, las denuncias por supuestos o confirmados casos de corrupción, normalmente destapados por la actuación de la Justicia o de los medios de comunicación, el llamado ´cuarto poder´, y la consiguiente exigencia de explicaciones y, en su caso, responsabilidades políticas (la mayor o menor credibilidad que sean capaces de transmitir al electorado es harina de otro costal). También resulta absolutamente lícito emprender una insistente campaña basada en desacreditar (políticamente) a un posible o futuro candidato rival concreto por el hecho de que pueda ser especialmente perjudicial para los intereses electorales de la propia oposición política, y de ahí que incluso pretenda por todos los medios (políticos) evitar tener que competir con él en unos determinados comicios.

Ahora bien, cabe preguntarse si ciertos ´estilos´ de oposición, en lugar de introducir sana competencia política e incluso dotar de transparencia al ´sistema´, bien al contrario son verdaderamente degradantes y hasta contraproducentes: por ejemplo, cuando se hace un uso y abuso constante de los de por sí escasos resortes y medios de la Justicia con una mera intencionalidad de puro desgaste político y hasta personal (a lo que sí se puede llamar con propiedad ´judicializar la vida política´), y a sabiendas de las muy escasas posibilidades de que tales denuncias prosperen; o cuando con tal forma de proceder se pone en duda la competencia, la profesionalidad y hasta la honestidad y honorabilidad de grupos de funcionarios, todos con su oposición sacada y cada uno de su padre y de su madre, a los que se les coloca el sambenito de por vida por el solo hecho de que ´pasaban por allí´ en una tramitación llevada a cabo con todas las de la ley; o cuando, como consecuencia, se genera tal estado de miedo en las instancias administrativas ante el mero paso de estampar una firma que de resultas tenemos una Administración pública todavía más lenta y burocratizada, cuando no directamente paralizada, con los consiguientes perjuicios para los administrados, que no son otros que los ciudadanos, y la marcha regular de la economía en general.

Y, en condiciones normales, qué pensaría cualquiera que creyera en la división, siquiera formal, de poderes, cuando todo un Fiscal Jefe que, como tal, en su cometido de defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, debería someterse, según la misma Constitución, entre otros, al principio de imparcialidad, sin embargo no tuviera empacho alguno en desempeñar el papel de portavoz de la oposición política, al anunciar en un medio de comunicación la presentación de una querella contra un cargo público, entonces, con firmes aspiraciones a ser candidato a la presidencia autonómica (por la que ahora compite tras ser absuelto judicialmente, por cierto, por enésima vez). Un Fiscal Jefe que, para más inri, saliera fotografiado en un acto político y en comandita con los actuales dirigentes del mismo partido que ejerce esa oposición política.

Pues bien, ambos hechos han tenido lugar en Murcia, sin que hayan trascendido al ámbito nacional ni apenas suscitado reproche ni escándalo mediático alguno por estos lares. ¿La reacción hubiese sido tan tibia si los protagonistas (Fiscal Jefe y oposición) fueran de un color político distinto al que ostentan?

Señores del Partido Socialista de la Región de Murcia: si aplicamos el principio de que en política todo vale, contribuimos a desprestigiar todavía más la que debería ser considerada como una noble actividad de servicio público. Y en cuanto a su estrategia de oposición de ´tierra quemada´, además de dañina, contraproducente y letal para el normal funcionamiento del sistema político de división de poderes y del régimen de Administración pública, les puede terminar perjudicando a ustedes mismos: si algún día logran el Gobierno, heredarán una situación institucional indeseable y propiciada por su mismo ´estilo´ de hacer oposición a costa de lo que sea.