LAS OCASIONES PERDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

Informar de los indultos cada seis meses; prohibición de las tarjetas de crédito para abonar gastos de representación; los afiliados deberán participar en la elección de los órganos de dirección de los partidos; suspensión de militancia a quienes se les haya abierto juicio oral por casos de corrupción que conlleven inhabilitación; prohibir las donaciones de personas jurídicas a los partidos políticos y limitarlas en el caso de personas físicas; ilegalizar las condonaciones de deudas a los partidos, que deberán hacer públicos sus presupuestos; se establecerá por primera vez en democracia el delito específico de financiación ilegal de los partidos, se endurecerán las penas de inhabilitación y se garantizará la recuperación del dinero birlado o defraudado; se fijará un plazo máximo de instrucción de los macroprocesos...

He ahí, condensado, el paquete de medidas y reformas legislativas contra la corrupción presentado por el presidente Rajoy en el Congreso de los Diputados. Se trata, por discutibles que puedan ser algunas de las propuestas, del plan 'anticorrupción' más completo y exhaustivo de un Gobierno de la democracia. Por desgracia, hemos tenido que esperar a un periodo de 'digestión' de una crisis económica, durante el cual los sacrificios y privaciones de la ciudadanía en general han llevado a ésta a ser más exigente con el uso de los fondos públicos y especialmente intolerante con la corrupción, para que por fin llegaran iniciativas de tal calibre.

Se dice en estos casos que nunca es tarde si la dicha es buena, si bien han sido demasiadas las ocasiones perdidas: ni tan siquiera durante los últimos años del felipismo, cuando nos desayunábamos con un caso de corrupción día sí y día también, ni inmediatamente después, cuando todavía resonaban los ecos de tamaños escándalos, se emplearon los Gobiernos de entonces con un mínimo de celo legislativo en la materia. Quizá porque la indignación ciudadana contra los desmanes y desfalcos entre la llamada 'clase política', pese a su repercusión mediática, no estaba en aquella época tan extendida: es más, era muy frecuente escuchar afirmaciones exculpatorias tales como 'yo también lo haría'; y muy significativos fueron los 9,4 millones de votos que consiguió en las elecciones generales de 1996 un PSOE absolutamente minado por la corrupción, que aun así fue capaz de cosechar la que se definió como 'dulce derrota': se quedó a apenas 1,2 puntos del PP de Aznar.

Pero el estallido de la crisis económica y sus consecuencias, además de un populismo alimentado por el éxito de la demagogia fácil, ha generado en España una corriente crítica y moralizante de la que cabe congratularse. Y es hora de que además se actúe en consecuencia, sin necesidad de caer en un contraproducente 'savoranolismo'.