jueves, 6 de febrero de 2014

LA IDEOLOGÍA POR ENCIMA DEL DERECHO


Asesora del Gabinete en tres Ministerios: primero en el de Justicia e Interior que dirigía Juan Alberto Belloch, ya en 1995; muchos años después en el de Justicia que encabezaba Juan Fernando López Aguilar; y poco después, en el de Igualdad que encarnaba Bibiana Aído. En Gobiernos distintos, pero todos ellos socialistas. Y más recientemente, elegida suplente en el turno de juristas del Consejo General del Poder Judicial... a propuesta del PSOE, cómo no. He aquí el significativo historial, puramente político, de la señora ponente del lamentable auto de la Audiencia Provincial de Madrid, que, como es sabido, se ha permitido calificar un acto de acoso y ataque a la intimidad personal y familiar de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría como 'mecanismo ordinario de participación democrática y expresión del pluralismo de los ciudadanos'. Entonces cómo habría de ser un mecanismo extraordinario, cabe preguntarse. 

Queda claro en cualquier caso que a la señora Valldecabres, pese a que en su momento le escandalizara que unos manifestantes 'pro-vida' acudieran al pueblo de la exministra Aído a mostrar públicamente su disconformidad con la ley zapateril del aborto, no solo no le importará, sino que le entusiasmará como defensora a ultranza de la 'participación democrática', que cualquier grupo más o menos vociferante se plante en el umbral de su domicilio para, por ejemplo, transmitirle su desacuerdo con cualquier sentencia suya. Porque ancha es Castilla si, por motivos exclusivamente ideológicos e indicativos a su vez de un sectarismo atroz, hacemos de la coacción y el insulto comportamientos asumibles dentro de un derecho a la manifestación que, de paso, convertimos en absoluto y, por tanto, en detrimento de los más elementales derechos y libertades individuales.

Hemos asistido ni más ni menos a un nuevo ejemplo de la aplicación del 'uso alternativo del Derecho', tan caro a la progresía judicial, que consiste en forzar la interpretación de las leyes en vigor para adaptarlas a una supuesta 'realidad social' concebida  por determinados prejuicios ideológicos. Es decir, situar la ideología por encima del Derecho. Dado que autos y sentencias de este tipo sientan jurisprudencia, corresponde ahora al legislador emprender las reformas necesarias para evitar que continúen impunes semejantes atropellos a la libertad individual y a derechos fundamentales como a la intimidad personal y familiar. Porque le puede tocar a cualquiera.

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