Nada más oportuno que, ante una nueva y disparatada subida del precio de la luz, el Gobierno de la nación defienda
los derechos e intereses de los sufridos consumidores españoles e inste a
una investigación para averiguar si ha habido colusión,
es decir, un acuerdo entre las compañías del sector eléctrico que
atente contra la libre competencia (por cierto, una demostración más de que no es
concebible un libre mercado sin ley ni Estado que vele por su
cumplimiento). Y, en efecto, el organismo regulador, que ahora responde al nombre de Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, ha dictaminado en menos de 24 horas que no procede validar la última subasta eléctrica 'ante la concurrencia de circunstancias atípicas en el desarrollo de la misma y en un contexto de precios elevados en el mercado diario durante las semanas previas'. Lo cual ha llevado a Industria a anular ese incremento del 11% en la factura de la luz y a anunciar medidas que eviten situaciones parecidas.
Ahora bien, también cabe reconocer que durante demasiados
años en España, y bajo distintos Gobiernos (aunque muy especialmente desde Zapatero, del que se ha heredado un déficit de tarifa de 24.000 millones de euros), hemos querido ser los más
ecologistas y limitarnos a apostar por una energía tan 'verde' como cara
e ineficiente, eso sí, tirando de unas subvenciones que tarde o
temprano pasarían la correspondiente factura; y, a su vez, presumir de
ser más antinucleares que nadie, para luego comprarle a Francia esa
misma energía nuclear que produce. Y no deja de ser cierto que el mercado energético se ha liberalizado, pero solo a medias. Resultado: un déficit tarifario que
ha acabado repercutiendo, y de qué manera, en nuestros ya de por sí
castigados bolsillos, y para más inri en los años de crisis económica.
Porque una vez más ha quedado patente que los Presupuestos Generales del
Estado no siempre lo aguantan todo.
Sea como fuere, e independientemente de las medidas inmediatas que adopte el Gobierno, resulta necesaria una verdadera y audaz reforma del sector energético, que debería partir de dos premisas fundamentales: más liberalización y, por supuesto, menos prejuicios supuestamente 'verdes', tan ridículos como onerosos.
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