REDUCIR LA ADMINISTRACIÓN (ES DECIR, EL ESTADO)

Si una conclusión positiva se puede sacar de la crisis es que ahora obtenga la adhesión casi general la exigencia de reducir la Administración Pública (es decir, el Estado en sus diversos niveles), y por consiguiente su peso en la economía. Algunos llevamos defendiendo esa necesidad muchísimo tiempo, incluso mucho antes de que empezaran las turbulencias económicas; y lo cierto es que la respuesta entonces más habitual consistía en tacharnos de peligrosos neoliberales. Pero nunca es tarde si la dicha es buena. Ojalá signifique al menos el comienzo de un mínimo resquebrajamiento del consenso socialdemócrata en vigor, especialmente en una sociedad española que, según las encuestas, mayoritariamente sigue esperándolo todo del Estado.

Eso sí: no solo cabe disminuir, como se ha convertido en lugar común, el número de políticos y asesores, que también; sino evitar la multiplicación de competencias y sobre todo adelgazar todo el entramado que detrae más recursos de los debidos a individuos, familias y empresas. Se trata de introducir racionalidad, en suma, y que el Estado sea de reducido tamaño y mínimamente intervencionista pero ágil y eficaz; vamos, ni más ni menos la postura que al respecto siempre hemos adoptado quienes nos consideramos liberales.

Aunque, mal que bien, por ese mismo camino se está transitando (por ejemplo, resulta significativo que se hayan eliminado en los últimos meses 370.000 empleos públicos), si bien por desgracia desmantelar determinados tipos de empresas y fundaciones públicas lleva su tiempo por su propia naturaleza burocrática. De todas formas, también hemos de tener en cuenta que es en Sanidad y Educación donde reside con diferencia la mayor parte de la tarta del gasto público, por lo que no hay más remedio que recortar ahí también si no queremos limitarnos al chocolate del loro.

En este sentido, no está nada mal que nuestro Gobierno se fije en el ejemplo de la reforma de la Administración Pública iniciada hace ya tres años por el Gabinete liberal-conservador británico, puesto que, pese a la radical oposición que al principio obtuvo tanto de buena parte de la sociedad como del 'statu quo' burocrático, se ha mostrado tremendamente eficaz. Porque hay que reconocerlo: eliminar 'la grasa' aún presente en las estructuras del Estado es todavía una asignatura pendiente del Ejecutivo de Rajoy. Esperemos que su propia reforma de la Administración Local, que se encuentra en trámite, y su inspiración en el caso británico (además de la imprescindible colaboración de los Gobiernos autonómicos en este mismo menester) le lleven a superarla en condiciones.