Aunque resulte ocioso recordarlo a estas alturas, la voluntad de la mayoría se manifiesta en las urnas, y no en la calle. Y, como corresponde a un Estado de Derecho, bajo unas leyes y unos procedimientos políticos e institucionales. En las últimas elecciones, celebradas hace apenas un año, hubo un partido, defensor a ultranza del actual régimen constitucional, que consiguió once millones de votos y mayoría absoluta en el Congreso, y en unos comicios con una participación del 71 por ciento del electorado. Y en cuanto a las reglas de juego, podrán gustar más o menos, pero se fijaron en una Constitución nacida de un amplísimo consenso político y que obtuvo en su momento el voto afirmativo de una gran mayoría de los electores españoles.
¿Ello implica que la Constitución y el régimen político en el que se sostiene han de ser eternos e inmutables? Por supuesto que no, pero los cambios han de producirse cuando haya una demanda real, y no porque unos cuantos demagogos consigan aglutinar un determinado número de personas en la vía pública para cercar la sede de la soberanía nacional al tejeriano modo; es decir, cuando, tras pasar por las urnas, una mayoría suficiente en el Parlamento de la nación plantee transformar el sistema para que, antes de llevarlo a cabo, se vuelva a consultar a los españoles, tal y como recoge la misma Constitución. Porque nuestra tan injustamente denostada Carta Magna (bajo cuya égida España ha vivido una época de estabilidad política, desarrollo económico y prosperidad sin precedentes) da en estos casos la última palabra a quien ostenta la soberanía, al pueblo español, en el ejercicio del sufragio universal, libre, directo y secreto; no a quienes vociferen más en la calle o sean capaces de escribir más disparates en las redes sociales.
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