Que un socialista de carné como el nefasto Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que hace mucho tiempo debería haber abandonado la gobernación del Banco de España, trate de poner chinas en el ya pedregoso camino del Gobierno, al que ha tenido la desfachatez de culpar de su silencio sobre Bankia, y aproveche para morir matando para vengarse de quienes han forzado su marcha, es lamentable pero previsible. Así se las gasta el personaje, que algún día responderá de sus desmanes como 'supervisor' y su incumbencia directa en la desastrosa fusión de cajas. Porque, si bien, y con el fin de diluir sus responsabilidades, se ha comparado el cometido de Mafo con el de un árbitro de fútbol, en su caso se ha comportado como un trencilla que tira las faltas y los penalties (por supuesto, sin barrera ni portero) que él mismo pita y, además, da patadas: determinadas fusiones bancarias que se han demostrado fraudulentas no se hubiesen llevado a cabo, no ya sin su visto bueno, sino sin su imposición. Por tanto, y aunque con excesivo retraso, adios, Mafo, adios, y que no le volvamos a ver si no es pisando una sede judicial.
Sin embargo, tampoco se lo están poniendo fácil al Gobierno ni determinados medios foráneos que propagan ciertas especies que los supuestos concernientes se apresuran a desmentir, ni las autoridades monetarias europeas, que se resisten a pronunciarse sobre las medidas a adoptar: hasta el punto de que, ante una nueva escalada de la prima de riesgo, el Ministro De Guindos ha tenido que aclarar que el Banco Central Europeo no ha rechazado ningún plan para la recapitalización de Bankia, sencillamente porque no se le ha llegado a presentar (extremo confirmado por el propio BCE), y que el rescate de la entidad se financiará con emisiones del Tesoro, y no, como se ha publicado, por medio de deuda soberana que se canjearía en la institución monetaria. Mientras tanto, Bruselas, a la vez que propina el 'palo' de su exigencia de más reformas y más ajustes (que por supuesto habrá que continuar emprendiendo), provee la 'zanahoria' de conceder un año más a España para corregir el déficit. Se trata, de momento, de la única 'ayuda' que la UE está dispuesta a conceder: y es que Bruselas, como el Altísimo, aprieta, pero no ahoga.
No podemos esperar mucho más en estos tiempos de zozobra. El Gobierno ha de seguir a lo suyo: avanzar y profundizar en la política de reformas económicas y liberalizaciones y de drástica reducción del gasto público. No solo porque nos lo exija Bruselas, sino porque resulta imprescindible para lograr el saneamiento de nuestra economía y propiciar su recuperación. Además, nadie dijo que iba a ser un camino de rosas.
Con serlo, lo más preocupante del inmediato porvenir de España como nación no es la crisis económica que todavía sufre con especial intensidad: potencial y recursos, tanto materiales como humanos, tiene para afrontarla y superarla, y uno está convencido de que llevando a cabo las adecuadas reformas económicas e institucionales lograremos salir de esta. Se trata de una perturbación, aunque severa y larga, pasajera, de la que sabremos recuperarnos, como hemos demostrado en varias ocasiones a lo largo de la historia. Ahora bien, la pasada semana, y a propósito de un hecho tan aparentemente trivial como pueda ser un partido de fútbol, quedó patente que la nación adolece de un mal que se ha hecho, por desgracia, definitivamente endémico; de una enfermedad, esta sí, absolutamente grave, enquistada y de más difícil resolución: la que representa el nacionalismo secesionista, valga la redundancia.
No por esperado fue menos bochornoso el deleznable espectáculo que en la final de la Copa del Rey dio el separatismo, que una vez más ha mostrado su chabacanería, irrespetuosidad, intolerancia y fanatismo; notas que, pese a que se nos ha presentado durante tantos años al nacionalismo como la quintaesencia de la moderación y la democracia, le caracterizan. Y es que en realidad solo les mueve su irracional odio a España (o a 'Madrit', al que identifican con el mismo enemigo), y por tanto no pierden ocasión para ultrajar sus símbolos nacionales; y qué mejor lugar para hacerlo que en un escenario tan propicio para el forofismo y el manejo de las masas como un partido de fútbol.
A su vez, resultan verdaderamente descorazonadores, pero también tremendamente significativos, los respaldos que tan oprobioso acto de agravio ha obtenido fuera del ámbito nacionalista; fundamentalmente (aunque no solo) de una izquierda que, debido a la mala conciencia de sus largas vacaciones políticas en el franquismo, siempre le ha concedido un 'plus' de legitimidad democrática al nacionalismo. Así, por ejemplo, cuando se utiliza la coartada de una pretendida libertad de expresión, como si dentro de tal categoría se pudiera incluir un supuesto 'derecho al insulto', en este caso a nuestro himno, nuestra bandera y nuestro Rey; los cuales, por simbolizar la soberanía de una nación, e independientemente de la opinión que les merezca el más montaraz de los secesionistas, deberían ser objeto del respeto más absoluto en actos públicos e institucionales. Por puro civismo democrático.
Pero de la misma forma que el nacionalismo disfruta de patente de corso para desbarrar, insultar y vejar, sobre todo cuando de España se trata, hay a quien, por exactamente atreverse a toserles a unos intocables nacionalistas y situarles ante sus miserias, se le niega el ejercicio de esas mismas libertades (de expresión y opinión) para las que hay manga ancha en otros casos; y, de paso, se le culpa de aquello que precisamente critica. Porque quienes han acusado a Esperanza Aguirre de 'avivar el fuego' (como si la misma masa bárbara que pitó los acordes de la Marcha Real hace dos años en Mestalla hubiese necesitado de la 'provocación' previa de la presidenta de la Comunidad de Madrid), obvian que quienes comenzaron el grotesco circo separatista fueron los nacionalistas (desde proetarras hasta convergentes) que utilizaron la sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados para
reivindicar selecciones 'nacionales' para Cataluña y País Vasco y, a su vez, animar a las aficiones
barcelonista y bilbaína a silbar el himno nacional; la continuó el
presidente del Barcelona, Rossell, pidiendo que se respete 'la expresión de
sentimientos' de la hinchada de su equipo; y la culminaron los diputados nacionalistas que envolvieron los leones del Congreso con bufandas y
banderas.
Esperanza Aguirre se limitó a dar su opinión (coincidente con medidas que se toman en otros países con mayor tradición democrática) sobre el
particular respondiendo a una pregunta concreta, y dentro de una
entrevista en la que en su práctica totalidad la presidenta estuvo hablando del mismo asunto del que le acusan quería desviar la atención: el déficit de su Comunidad Autónoma. Pero sabido es que nacionalistas e izquierdistas comparten muchos prejuicios (en el caso de los segundos por los mencionados complejos franquistas), que le llevan a colocar el sambenito de 'fachas' a aquellos que defiendan con claridad meridiana la nación española y sus símbolos; de ahí que salieran al unísono a emprender una campaña típicamente intoxicadora (que, por cierto, ha tenido eco en medios no afines al socialismo ni al nacionalismo) con la siguiente consigna: culpar de esa misma pitada promovida y alentada por el nacionalismo a Esperanza Aguirre, quien para más inri, tanto por su escaso apego a los parámetros de lo políticamente correcto como su españolismo sin ambages, es una de las grandes 'debilidades' compartidas por socialistas y nacionalistas. Lo que sin duda resalta más si cabe las virtudes políticas e ideológicas de doña Esperanza.
De tal forma que los agresores han convertido en agresor, en este caso agresora, a quien denuncia sus desmanes y propone que se reaccione contra los mismos: quizá hasta de los graves insultos que antes de la disputa de la final se profirieron contra la señora Aguirre sea culpable la misma presidenta. Por supuesto, no cabe esperar la más mínima petición de perdón ni por parte de los presidentes y directivos del Barcelona y el Athletic de Bilbao, que en el fondo beben del nacionalismo (aunque no quieran separarse del sabroso negocio, en este caso futbolístico, que representa su denostada España), y ni mucho menos de los presidentes autonómicos y demás políticos nacionalistas, que viven del odio a España que azuzan y fomentan. ¿Y después de la infamia del 25 de mayo en el Vicente Calderón, qué? ¿Se tomará cumplida nota de tan desagradable experiencia para intentar evitarla, o contenerla, en el futuro? Es de temer que la respuesta será similar a la que tuvo lugar después del 13 de mayo de 2009 en Mestalla, y como cada vez que el secesionismo plantea un pulso a la nación española: absolutamente nula. Se le volverá a quitar importancia al ultraje y nos olvidaremos pronto, que además ahora la Selección Española juega la Eurocopa de fútbol. Pero limitarse a mirar para otro lado no conseguirá conjurar la principal y más grave enfermedad que sufre nuestra nación; bien al contrario, y como ha quedado suficientemente demostrado, la seguirá alimentando.
Otro pulso planteado en la calle al Gobierno del PP, y nuevo fracaso: porque, independientemente de las cifras que aporten unos y otros (casi siempre sesgadas), sí ha resultado evidente que la que ha sido presentada como una protesta sin precedentes en la historia de la democracia no ha sido capaz de paralizar el desarrollo de la jornada docente, y que su seguimiento, en el mejor de los casos, ha sido desigual. De todas formas, y haciendo abstracción de las detenciones que han llegado a producirse (algo que se está convirtiendo en nefasta costumbre cada vez que la izquierda se manifiesta), no parece que convocar una huelga general en plena época de exámenes constituya el mejor ejemplo para los alumnos: se puede entender que desgastar a una derecha maldita que encima se atreve a gobernar ha de ser prioridad absoluta para algunos, pero luego no hemos de extrañarnos de los altos índices de fracaso escolar. Porque resulta sarcástico justificar tales algaradas en la defensa de la 'calidad' de una enseñanza pública que el PSOE, vía LOGSE y pedagogía constructivista, ha situado a la altura del betún: como si no hubiese quedado suficientemente demostrado que el lamentable estado de nuestra enseñanza no se debe a un problema de falta de inversión, sino a un sistema que ha desterrado los valores del esfuerzo, la excelencia y la competitividad y no reconoce la autoridad del profesor.
Sea como fuere, el Ministro de Educación, Wert, ha mostrado su disposición a 'aproximar posturas' para reformar el sistema educativo. Vano intento según la reciente experiencia, porque la izquierda nunca ha renunciado a utilizar la educación 'pública' como tótem para distinguirse de la derecha, elitista y siempre presta a privatizarla, y poder así emplearla como arma arrojadiza: valga como ejemplo el acuerdo que Esperanza Aguirre, cuando era Ministra de Educación, alcanzó con el socialista Laborda en el Senado para ampliar los contenidos de Humanidades y garantizar la enseñanza en español en todo el territorio nacional; pacto que a continuación, y a traición, sería tumbado en el Congreso de los Diputados por el mismo PSOE, con la ayuda de los nacionalistas. Después, en la segunda legislatura de Aznar, la de la mayoría absoluta, el PP quiso también buscar el consenso (algo que se le reprochó en su momento), y de ahí que se tardara demasiado en aprobar la Ley de Calidad de la Educación y tuviera escasa vigencia; pronto llegaría al Gobierno, y por sorpresa, Zapatero, al que le faltó tiempo para derogarla y 'rescatar' ese engendro llamado LOGSE. Por tanto, aquí que cada palo aguante su vela.
En cualquier caso, la mejor reforma educativa no tiene por qué proceder necesariamente del 'santificado' consenso (aunque sea conveniente para garantizar su perduración, al abrigo de los cambios de Gobierno), y menos si tenemos en cuenta las erradas ideas que sobre educación sigue albergando el socialismo, todavía partidario de propiciar la igualdad en la mediocridad y penalizar la excelencia. Esperemos que esta vez sí se lleve a cabo una reforma en profundidad del sistema educativo, que devuelva la autoridad y el prestigio al profesorado y promueva el esfuerzo y la competitividad; sin duda, la gran asignatura pendiente de nuestra democracia.
Una muy loable iniciativa de la Fundación DENAES en vísperas de la celebración en el estadio Vicente Calderón de la final de la Copa del Rey que, como hace dos años, disputarán el Barcelona y el Athletic de Bilbao. Sin embargo, mucho nos tememos que campaña tan oportuna no logrará impedir (aunque es de suponer que, desde luego, no aspirará a tanto) que volvamos a sentir la vergüenza de presenciar cómo una masa descerebrada y fanatizada pita, insulta y veja a nuestro himno y a nuestro Rey (en este caso, ante su ausencia, al Príncipe de Asturias), símbolos nacionales de su odiada España. Tantos años de inoculación del virus nacionalista, especialmente devastador en ámbitos abonados al maniqueísmo irracional como suelen ser las hinchadas futboleras, tienen tan deleznables consecuencias; por mucho que determinados y escandalosos ejercicios de manipulación hayan intentado siempre ocultarlas.
Eso sí, seguramente nadie, o casi nadie, de quienes manifiestan de manera tan maleducada e irrespetuosa su rechazo a España, ni de aquellos que promueven y aplauden esos silbidos, abogará por la renuncia de sus equipos a competir en la liga española, y ni tan siquiera en la Copa que lleva el nombre del Rey de España. Quizá porque limitarse a disputar los títulos 'nacionales' catalanes o vascos con el Mollerussa o el Arenas de Guecho (con todos los respetos), además de falto de emoción, despertaría muy escasa expectación deportiva y mediática y, en consecuencia, muy magros ingresos en todos los conceptos; de ahí que en estos casos las demandas secesionistas se guarden para mejor ocasión, aunque desde luego no deja de ser una incongruencia participar en la competición deportiva de un país del que pretendes independizarte.
Porque, para más inri, estaría por ver si al Español, único equipo que sería capaz de hacerle un poco de sombra al todopoderoso Barcelona, se le permitiría jugar en una liga 'nacional' catalana: sería difícil si mantuviera tan oprobiosa denominación, a no ser que la cambiara por algo así como 'Catalá'. Sin embargo, la Real Sociedad no tendría problema alguno, obviamente, en participar en una hipotética liga 'euskalduna' para continuar rivalizando con el Athletic; si bien muy posiblemente tendría que dejar de ser 'la Real' (título que le concedió el mismísimo Alfonso XIII un año después de su fundación) para volver a llamarse, como en la Segunda República, 'Donostia', o bien rescatar su primer y originario nombre: Club Ciclista de San Sebastián. Quién sabe: dentro del delirio nacionalista, todo es posible.
Ha sido sin duda la semana más complicada y delicada para la economía española desde que Mariano Rajoy es presidente del Gobierno: el caos político en Grecia y su probable salida del euro, junto a, todo hay que decirlo, las dudas suscitadas sobre el sistema financiero español tras la nacionalización de Bankia, han situado a nuestra economía al mismo borde del abismo, con cataclismos en la bolsa y la prima de riesgo llegando a superar los 500 puntos básicos. A ello hay que unir el daño, en algún caso consciente, provocado por los agogeros de turno, auténticos especuladores de la catástrofe; con especial mención al inefable gurú del keynesianismo, Krugman, cuya última 'genialidad' ha consistido en pronosticar ¡un corralito en la España del euro! Aunque qué se puede esperar de quien cometió la inmensa torpeza de aconsejar al entonces todopoderoso Alan Greenspan que, al frente de la FED, sustituyera el estallido de las 'punto com' por la burbuja inmobiliaria por medio de una política monetaria expansiva: de aquellos polvos, estos lodos. Resulta inexplicable que le hayan concedido el Nobel a semejante zascandil, por mucho que represente al vigente consenso socialdemócrata en materia económica.
De todas formas, la reacción del Gobierno de la nación fue al principio desesperada: un llamamiento a Bruselas para que transmita un mensaje de calma a los mercados; porque, por su parte, el Ejecutivo español está haciendo lo que tiene que hacer: reformas económicas, que por supuesto han de continuar, y ajustes del gasto público, en muchos casos drásticos e impopulares. Pero hete aquí que el jueves, en el temido Consejo de Política Fiscal y Financiera, se produjo la ansiada tregua: la aprobación de los planes de ajuste autonómicos por parte del Gobierno del PP, con el Ministro Montoro a la cabeza, ha dado como resultado un auténtico 'pacto de Estado' entre todas las Comunidades Autónomas (a falta de que Asturias, pendiente de formar Gobierno, presente sus cuentas) que va a suponer una reducción extra de 18.349 millones de euros en 2012. Incluida Andalucía, cuyo Ejecutivo social-comunista no ha tenido más remedio que envainarse muchas de sus promesas electorales con tal de alejar el fantasma de la intervención (que el Gobierno nacional puede perfectamente llevar a cabo, si no directamente, sí interrumpiendo las correspondientes transferencias de dinero). Por tanto, finalmente el respiro llegó allí de donde los mercados y Bruselas albergan más dudas (y con razón) sobre el cumplimiento de los objetivos por parte de la economía española: de las Comunidades Autónomas. Quién lo hubiera asegurado hace poco.
Al día siguiente, el portavoz de Asuntos Económicos de la Unión Europea, Amadeu Altafaj, asevera que 'España no debe pensar en el rescate; está haciendo lo necesario'. Más tarde de lo que debería haber sido, pero el conveniente mensaje tranquilizador de Bruselas llegó finalmente. A continuación, la prima de riesgo cae a los 475 puntos, Bankia se dispara en bolsa y el Ibex recupera las ganancias: un cambio como de la noche al día en apenas unas horas. Así funciona la economía global, tan sensible a los movimientos y tendencias del ámbito internacional y... la confianza que se sea capaz de transmitir desde las instituciones públicas.
El conocido como movimiento 15-M ha pretendido celebrar su aniversario tomando de nuevo las calles, si bien sus manifestaciones, algaradas y concentraciones se han saldado esta vez con un completo fracaso. Recordemos que semejante sedición, astrosa amén de perrofláutica, surgió, y no
precisamente por casualidad, justo una semana antes de las últimas elecciones municipales y autonómicas; esto es, cuando estaba a punto de empezar a producirse, de manera escalonada pero contundente, la pérdida del poder político por parte de la izquierda: como reacción desesperada, y siendo fiel a su tradición golpista, parte de
ella decidió echarse a la calle; ante la
aquiescencia, o más bien el respaldo entusiasta, del socialismo 'institucional',
deseoso de pescar en río revuelto. Pero se ha puesto claramente de manifiesto que cuando
a la 'indignación' ultra se le impide la ocupación por las bravas del
espacio público, algo que le permitió vergonzosamente el anterior Gobierno socialista, se queda en absolutamente nada. Porque esta vez la
Policía, bajo el mando del actual Ejecutivo, sí ha desempeñado el papel que
cabe exigirle en un Estado de Derecho: garantizar el cumplimiento de la
ley y el orden público y, por ende, los derechos y libertades de todos los ciudadanos.
El amplio dispositivo policial desplegado ha sido quizá el mejor elemento de disuasión que ha propiciado ese comportamiento 'cívico' de los manifestantes que ahora nos tratan de vender desde determinados ámbitos mediáticos; aunque cabe preguntarse si se hubiese utilizado semejante calificativo en el supuesto de que, por ejemplo, en alguna de las masivas movilizaciones que
tuvieron lugar en la primera legislatura de Zapatero (contra el aborto,
contra la negociación con la ETA, contra Educación para
la Ciudadanía) hubiese habido la más mínima detención. En
cualquier caso, que haya logrado suscitar tantas simpatías fuera de la izquierda una rebelión antisistema que, además de ocupar las calles de manera coactiva e
ilegal y provocando graves perjuicios en los derechos de los demás, se
distingue por sus proclamas en contra del libre mercado, pide incluso
más intervencionismo del Estado (es decir, de los mismos políticos que supuestamente denigran) y pone en duda la legitimidad del sistema democrático
(ponerle apellidos a la democracia es propio de los totalitarismos: la 'orgánica' del franquismo o la 'popular' del leninismo son buenos ejemplos), se debe fundamentalmente a la transmisión de los hechos por parte de la inmensa mayoría de los medios (incluso muchos afines a la derecha), que lo
presentaron desde el principio como un movimiento lleno de romanticismo y
benignas intenciones.
Ya el año anterior, conforme los sediciosos, envalentonados, iban sentando sus reales en la vía pública, acabaron mostrando su auténtica cara intolerante y violenta, incluidas amenazas y coacciones a periodistas, comerciantes y transeúntes. Ahora, desactivadas las verdaderas intenciones del movimiento (volver a acampar en la vía urbana y ocupar el espacio público para imponer una vía 'revolucionaria' de hecho), se ha demostrado que el 15-M, lejos de ser reflejo de un sentir mayoritario en la sociedad, no es más que un 'bluff', un farol, puro alarde del típico 'agit-prop' izquierdista. Rotundo fiasco que representa a su vez el triunfo de la democracia, del imperio de la ley y de nuestro sistema político parlamentario.
Que el Estado intervenga directamente en el sistema financiero, bien 'inyectando' dinero público, bien entrando como accionista en las entidades bancarias, puede parecer radicalmente contrario a la más pura ortodoxia liberal. De la misma manera que 'nacionalizar', siquiera parcialmente, una empresa contradice los más elementales principios del liberalismo económico, igual consideración debería merecer que se procediera de la misma forma con un banco. Ahora bien, en este caso hemos de tener en cuenta el cometido básico y fundamental que el sistema financiero cumple precisamente en un régimen económico de libre mercado, más o menos intervenido: hasta el punto de que si se le deja caer, las enormes perjuicios provocados a corto plazo serían irreversibles. De ahí que insignes economistas liberales contemporáneos sí justifiquen, en determinados supuestos y bajo estrictas condiciones, los 'planes de rescate' bancarios, o al menos maticen su postura contraria; o que aquellos países con mayor tradición de libre mercado, como son Estados Unidos y Gran Bretaña, cuenten ya con un largo historial de nacionalizaciones, parciales y totales, de entidades financieras, especialmente en tiempos de crisis.
Con el fin de 'rescatar' a Bankia (de cuyo fracaso es responsable una vez más el Banco de España como órgano supervisor, y más concretamente su todavía gobernador, el nefasto Miguel Ángel Fernández Ordóñez), el Gobierno del PP ha optado precisamente por el modelo anglosajón: que el Estado se haga con la mayor parte del capital de la entidad (concretamente un 45%) al convertir en acciones los 4.465 millones de euros que iba a aportar el Frob en forma de préstamo, que a su vez han servido para nacionalizar el 100% de la matriz, el Banco Financiero y de Ahorros. Por supuesto, esta entrada del Estado como principal accionista debe ser una medida transitoria para transmitir tranquilidad a los depositantes, disipar las dudas de los mercados y dar el primer paso para garantizar la solvencia del banco; en un futuro no muy lejano, ha de vender los activos que posea y así amortizar la deuda pública.
Esta modalidad de rescate bancario, en cuanto que no implica al contribuyente y requiere control y nitidez, es, dentro de lo malo, preferible a la 'inyección' pura y dura de dinero público a fondo perdido y sin la debida transparencia; procedimiento, cabe recordar, elegido por el anterior Gobierno del PSOE, que sin embargo ha tenido el descaro de hacer demagogia barata mientras se suponía que el actual Ejecutivo acabara obrando de la misma forma para salvar a Bankia. Pero el cambio de fórmula de intervención ha dejado al ínclito Rubalcaba sin argumentos, que para más inri no ha tenido más remedio que pasar por el aro para no perjudicar los intereses de una entidad acreedora de su conglomerado mediático favorito. Malo, pero no tonto.
Que en una campaña electoral marcada por la consigna general 'todos contra Sarkozy', el tan denostado candidato haya conseguido un 48 por ciento de los votos no deja de tener su mérito; si bien ese porcentaje ha sido insuficiente para renovar su mandato como Presidente de Francia, cuya titularidad, tras nada menos que 17 años, ha pasado a ostentar un socialista, el segundo de la V República: François Hollande. La crisis económica vuelve a llevarse por delante a un gobernante; en este caso incluso a un político de auténtica categoría y raza y con indiscutibles dotes de liderazgo (de los que tanto escasean en la Europa actual), pero cuya carrera política, que se presumía especialmente brillante y relevante, ha acabado siendo más breve de lo normal y pasará más desapercibida de lo que se esperaba. Quizá precisamente su propia tendencia a la exhibición mediática, de la que ni tan siquiera se ha librado su relación sentimental con la cantante y modelo Carla Bruni, haya terminado pasándole factura.
En cualquier caso, la llegada al Palacio del Elíseo de un socialista que ha basado su discurso electoral en refutar las políticas de rigor económico y presupuestario y, en consecuencia, rechazar los inquebrantables principios del dúo 'Merkozy', no ha hecho sino generar, cuando menos, incertidumbre en la Europa comunitaria. De ahí que la victoria de Hollande, aun cuando se tenía por descontada en virtud de los sondeos, haya sido recibida con caídas en las bolsas europeas. Para más inri, en la indomable Grecia el panorama político se torna más confuso si cabe tras la celebración de sus elecciones legislativas, que han dado como resultado un Parlamento excesivamente fragmentado y con presencia mayoritaria de pequeños partidos y partidas que, desde la extrema derecha neonazi a la extrema izquierda procomunista ('sorpasso' incluido, ya que la izquierda radical ha llegado en superar en votos y escaños al socialismo griego), coinciden en el repudio absoluto de las disposiciones de Bruselas. La solución más inmediata parece residir en un Gobierno de concentración entre los (no lo olvidemos) ganadores de las elecciones, los conservadores de Nueva Democracia, y los socialistas del PASOK, aunque estos últimos no están de momento por la labor; cualquier otra alternativa desembocaría en la salida del euro del país heleno, por supuesto que con todas las consecuencias: porque no resulta de recibo estar en misa y, a la vez, repicando.
De todas formas, los últimos comicios franceses y griegos han demostrado la rentabilidad electoral de mentar la bicha de la austeridad como supuesto causante del alargamiento de la crisis económica. Lo cual a su vez es muy indicativo de la enfermedad moral de la que adolece Europa, e incide en la evidencia de que la crisis que sufrimos no es tan solo económica, sino fundamentalmente de valores. Porque la austeridad, que significa sobriedad, rigidez en la forma de obrar y sujeción a las normas de la moral, implica vivir sin alardes, sin ostentación, y por tanto gastando en lo estrictamente necesario; es decir, atenerse a lo que se tiene, y no más. Así pues, una manera de proceder y comportarse que hasta hace poco se tenía por virtuosa, particularmente en el manejo de las cuentas públicas (esto es, del dinero de todos), se ha convertido en inconveniente e indeseable: de ahí que Rubalcaba, hombre por otra parte de conocida ética intachable, quisiera descalificar a Rajoy tachándole de 'último mohicano de la austeridad'; o que el propio Hollande llegara a definir la austeridad como condena. A buen seguro que el temor al déficit de nuestros abuelos liberales, antaño adjetivado como 'santo', hoy sin duda sería merecedor de calificativos tales como 'malvado' o 'diabólico'. Es más, tirar de déficit y deuda, es decir, seguir hipotecando a generaciones enteras con dinero ajeno, se considera propio de dirigentes políticos 'progresistas' y con 'sensibilidad social'.
Y es que las medidas de 'estímulo' de las que tanto se habla ahora, que por supuesto han de complementarse con políticas de ajuste del gasto público, deberían consistir en liberalizaciones y desregulaciones para que
la reactivación de la economía proceda
de la sociedad civil; no en nuevas dosis de keynesianismo para seguir
acumulando déficit y deuda y, con ello, continuar alargando la crisis y provocando paro, consecuencia inmediata. Si la alternativa a la tan aborrecida austeridad es
esta última, es decir, en incidir en los mismos errores, paren el tren,
que me apeo. En cualquier caso, queda la esperanza de que el recién elegido Presidente francés termine mostrándose más como un socialdemócrata a la alemana, es decir, un pragmático más o menos ortodoxo en la gestión de la economía, que como un socialista típicamente latino, esto es, obsequioso y desprendido con el dinero de los demás.
Y del peronismo al indigenismo. Al fin y al cabo, variantes del populismo ruinoso y ladrón, el cáncer que asola buena parte de Hispanoamérica. Hete aquí que ahora aparece en escena el ínclito Evo Morales, otrora recibido en su primera visita a la España de Zapatero como nuevo gran Mesías de la izquierda; quien, tras criticar hipócritamente el expolio de YPF perpretado por la presidenta patotera (una mera concesión a la tradicional aversión del boliviano medio por Argentina), decide imitarla y, ¡zas!, manda a su Ejército (institución que la izquierda totalitaria denosta en la oposición, pero de la que se vuelve entusiasta nada más alcanza al poder) tomar por la fuerza las instalaciones de la filial de Red Eléctrica Española en Cochabamba.
Ocupación que no tardó en contar con la presencia del mismísimo gran líder indigenista, aclamado por sus partidarios, para dotarle al latrocinio de toda la pompa, parafernalia y retórica propias del populismo bananero, siempre presto a proclamar su defensa del oprimido mientras birla. Porque siglos de marginación, discriminación y explotación a la comunidad indígena se ven por fin compensados por este tipo de asaltos por decreto al imperialismo de las multinacionales, 'marca de la casa' desde que Morales preside el Gobierno de Bolivia. Eso sí, sin que los indios ni el pueblo boliviano en general hayan notado mejoría alguna en sus condiciones económicas ni en su calidad de vida, bien al contrario; pero lo importante es ajustar cuentas con la historia, qué carajo.
La propia compañía se ha apresurado a quitarle importancia a la repentina expoliación de la que ha sido objeto, ya que el país andino no es relevante en su volumen de negocios. Y, por su parte, nuestro Gobierno ha desvinculado esta nacionalización de la llevada a cabo por el Ejecutivo argentino, y confía en que Bolivia, tal y como se ha comprometido, pagará un justo precio y compensará a la empresa española por las inversiones realizadas. Sea como fuere, este nuevo acto arbitrario contra los derechos de propiedad de una compañía española, y que además no hace sino incidir en una inseguridad jurídica que perjudica en primer lugar a los mismos bolivianos, merece el rechazo más contundente; y, ciertamente, resulta preocupante la posibilidad de que el ejemplo 'expropiador' cunda más de la cuenta en el viejo continente, especialmente en gobernantes en apuros que acaben sucumbiendo a la tentación de utilizar el populismo nacionalista como cortina de humo. Por tanto, no cabe dar un paso atrás.
En cualquier caso, años de compadreo con lo más granado del populismo bananero han traído
estas consecuencias: porque cuando a un déspota le das palmaditas en la
espalda y hasta le ríes las gracias, lo normal es que te tome por
el pito del sereno. Justo lo contrario de la política de relaciones internacionales emprendida por
Aznar, que quiso hacer de España un aliado inquebrantable de los Estados
Unidos; no precisamente por capricho, sino para que nuestro país fuera
respetado en el panorama internacional, y muy especialmente en América Latina. Pero, por desgracia, los
españoles no le seguimos en ese empeño; es más, la inmensa mayoría le echaría la culpa del 11-M directamente a él y su política de alianzas con EEUU y Gran Bretaña, y de ahí un cambio de Gobierno que conllevaría precisamente un giro copernicano en la política exterior de España. Así nos va ahora.
