ESPAÑOLES: FRANCO HA MUERTO

Ha tenido que ser un Ejecutivo del PP el que le diera el tiro de gracia al legado franquista que con mayor presencia e influencia ha persistido en la legislación desde el advenimiento de la democracia: la regulación del sistema laboral. Objeto tan solo de mínimas reformas flexibilizadoras por sucesivos Gobiernos, y de todos los colores, siempre en coincidencia con aquellos momentos en los que la lacra del paro se ha manifestado con mayor virulencia, ahora que los niveles de desempleo han alcanzado cotas verdaderamente insoportables e inconcebibles en un país desarrollado, se ha agarrado el toro por los cuernos y se le ha hecho frente con sobriedad, pero con absoluta resolución. Alguna vez había que acabar con una concepción de relaciones laborales basada en el paternalismo de Estado y un corporativismo inspirado en el régimen legal mussoliniano, totalmente incompatible con los actuales tiempos caracterizados por el dinamismo tecnológico y la globalización económica, a los que hace décadas se debería haber adaptado nuestro mercado laboral. Por fin, aunque con la cornada puesta, alguien se ha atrevido a culminar tan imprescindible como difícil faena.

De la audaz reforma laboral presentada por el nuevo Gobierno, que, entre otras medidas, facilita la contratación, hace prevalecer los pactos alcanzados en el ámbito de la empresa y minimiza el poder de la burocracia sindical, no cabe esperar milagros, desde luego: ningún cambio legislativo, por muy profundo que sea, posee propiedades sobrenaturales. Pero sí propicia que nuestro sistema legal laboral deje de representar un lastre para la creación de empleo, principal asignatura pendiente de nuestra economía. Para ello ha resultado   también necesario revocar determinados privilegios y prebendas de los herederos del sindicalismo vertical, que obviamente ya han salido en defensa de sus prerrogativas. En cualquier caso, la algarada callejera de la reacción izquierdista, a la que debemos empezar a acostumbrarnos, jamás ha de imponerse a las decisiones tomadas en sede parlamentaria por los representantes de la soberanía nacional.