EL COMISARIO DE LAS CLOACAS

No podía faltar. Es el perejil de todas las salsas... pestilentes. De las últimas informaciones publicadas sobre la bendita investigación periodística del 11-M ha vuelto a asomar su nombre: concretamente, la empresa de seguridad de un íntimo amigo suyo (por cierto, el mismo que pagó la tristemente célebre cacería de Bermejo y Garzón) contrató 'casualmente' a una testigo clave del 11-M, que se inventó unos hechos que sirvieron para apuntalar la versión oficial de los atentados. Se trata, cómo no, del comisario general de Policía Judicial, Juan Antonio González, hombre de confianza de Rubalcaba.

Juan Antonio González, para más señas natural de Cartagena, ha estado presente en varios de los asuntos más turbios que han jalonado la ejecutoria del PSOE en Interior. Sus servicios se remontan a la detención de Roldán, cuyo concurso fue decisivo: bajo la dirección de Juan Alberto Belloch, entonces Ministro de Justicia e Interior, pactó su entrega con el espía Paesa (por cierto, de actualidad estos días), que a cambio quedó libre de antecedentes. Pero no tendríamos noticia de él hasta la pintoresca montería celebrada por Baltasar Garzón, entonces juez de la Audiencia Nacional, y Mariano Fernández Bermejo, en aquella época Ministro de Justicia: González participaría también en aquella chusca escenificación de la burla a la división de poderes, que no por casualidad daría paso a la efervescencia mediática del caso Gürtel; cuyas filtraciones a la prensa procedían a buen seguro del propio comisario. Práctica que repitió con fruición en la trastienda de las numerosas operaciones político-policiales llevadas a cabo supuestamente contra la corrupción, en realidad contra la oposición, ya como colaborador directo de Rubalcaba.

Desde luego, el comisario de las cloacas no se ha parado nunca en barras: en su momento llegó a firmar una circular en la que, a la vez que no se privaba de recordar a los jefes de la Policía su poder otorgado, exigía a sus subordinados que les remitiesen los posibles casos de corrupción en los que estuviesen implicados 'personas relevantes' y 'altos cargos públicos'. Por tanto, desde el principio quiso dejar absolutamente claro cuál era su cometido en Interior, y que para ello contaba con la plena confianza de 'las altas esferas'. Eso sí, el hecho de que actuara de martillo de herejes de la corrupción (siempre que pudiera afectar al PP, claro) no impidió que se sospechara de su participación en el caso Malaya, ya que las iniciales JAG aparecieron en las agendas del cerebro de la trama, su tocayo y paisano Juan Antonio Roca. De momento, y entre amenazas de querellas a la prensa por parte del propio comisario, las suspicacias han quedado ahí.

De todas formas, que la mentirosa testigo rumana, de tantísima utilidad para que la sentencia se ajustara a la versión oficial sobre el 11-M, obtuviera un trabajo en España para ella y su marido gracias a los oscuros oficios del ínclito Juan Antonio González, es una nueva y palpable demostración de hasta qué punto las cloacas de Interior han colaborado en la ocultación, manipulación y falsificación de pruebas. Y también evidencia la imperiosa necesidad de emprender una limpieza a fondo del Ministerio: tanto para buscar la verdad sobre la masacre, como para evitar que pueda repetirse un hecho criminal similar.