Nada menos que 25 de los 27 países de la Unión Europea tienen jefes de Estado o de Gobierno pertenecientes al Partido Popular Europeo. Así pues, la cumbre que ha convocado en Marsella a los dirigentes europeos de la formación política continental que engloba a los partidos liberal-conservadores ha adquirido una importancia capital, puesto que se ha convertido en realidad en una reunión preparatoria del Consejo Europeo de Bruselas. Allí, una vez que Nicolas Sarkozy advirtiera del momento extremadamente delicado que vivimos en Europa y de la imperiosa necesidad de alcanzar acuerdos para intentar salvar nuestra unión económica y monetaria, el último gran triunfador electoral de la familia popular europea, Mariano Rajoy, exponía las tres prioridades de su futuro Gobierno: lograr el equilibrio de las cuentas públicas, emprender una profunda reforma del mercado laboral y culminar la reestructuración del sistema financiero. Son, en efecto, las tres primeras grandes medidas de las muchas que habrá que acometer, y no solo en el terreno económico, durante el mismo comienzo de la legislatura.
A su vez, el presidente 'in pectore' ha aprovechado para ponerle tareas al jefe del Ejecutivo en funciones: que en el Consejo de Bruselas reclame que se eleve la mayoría cualificada al 90% (que Francia y Alemania quieren colocar en el 85%) para aprobar decisiones sobre el Mecanismo Europeo de Estabilidad (el anterior Fondo Europeo), con el fin de que España tenga capacidad de veto. Porque, en efecto, desterrar el zapaterismo ha de conllevar volver a la disciplina económica y presupuestaria, pero también a la capacidad de influencia. Como antes del 14 de marzo de 2004.
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