lunes, 21 de noviembre de 2011

TODA LA LEGITIMIDAD

Como vaticinaban las encuestas, ha tenido lugar la cuarta mayoría absoluta de nuestra democracia: la primera, en 1982, la consiguió Felipe González, beneficiado, además de por la esperanza de cambio que representaba entonces el PSOE, por la práctica autodisolución de la UCD; también la segunda, en 1986, ante la clamorosa ausencia de una alternativa mínimamente estable y fiable que, desde un fragmentado centro-derecha, pudiera plantar cara a un socialismo hegemónico; la tercera, en 2000, lograda por un Aznar cuya política de liberalización de la economía y de rigurosa administración de las cuentas públicas daba unos frutos que empezaba a notar la sociedad española; y la cuarta y última, la que acaba de obtener Mariano Rajoy, como consecuencia tanto del escalofriante batacazo electoral sufrido por un PSOE absolutamente incapaz de gestionar la crisis económica, como de la confianza depositada por una nítida mayoría del electorado (cerca del 45 por ciento de los votantes) al proyecto reformista más completo, logrado y, sobre todo, viable, que no es otro que el que encarna el líder del PP.

Casi once millones de votos (récord absoluto del centro-derecha en España), 186 escaños en el Congreso de los Diputados, una mayoría aplastante en el Senado, su triunfo en todas las Comunidades Autónomas (especialmente destacado precisamente en aquellas en las que ha debido tomar medidas drásticas de ajuste y reducción del gasto público, como Murcia, Castilla-La Mancha, Baleares o Extremadura) excepto en Cataluña y País Vasco (los dos únicos, aunque significativos, 'peros' a unos magníficos resultados electorales; sobre todo en el segundo caso)... Son datos que señalan bien a las claras la naturaleza contundente e incontestable de la victoria del PP, que de esta manera obtiene en las urnas toda la legitimidad para emprender las reformas económicas e institucionales contempladas en su programa y que, por su patente carácter liberal, son las que en general requiere nuestra maltratada y deteriorada España. Y cuanto antes mejor: sería conveniente reducir al máximo los plazos del traspaso de poderes. Nuestra comatosa economía no puede permitirse el lujo de seguir perdiendo mucho tiempo más.

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