LA 'ANORMALIDAD' DE LA SGAE

Sería normal que una sociedad de gestión colectiva, cuyos máximos dirigentes se hallen incursos en una investigación judicial por desviación de fondos en favor de una trama, sea intervenida por el juez instructor y, en consecuencia, su dirección pasara a manos de administradores judiciales; en cambio, la SGAE se permitirá el lujo de ser gobernada por una junta rectora cuyos miembros serán nombrados por... su misma directiva. Sería normal que si el presidente de un organismo supuestamente privado, pero increíblemente dotado de potestades recaudatorias coercitivas, acaba imputado por los delitos de apropiación indebida y administración fraudulenta, abandone su cargo; sin embargo, el inefable Teddy Bautista, cuya acreditada condición de 'progre' 'pura sangre' le ha librado del escarnio de aparecer esposado en los telediarios, continúa en el machito.

Sería normal que la titular del Ministerio del ramo, encargado legalmente de vigilar el uso que del dinero recaudado hace la sociedad, tuviera su puesto pendiente de un hilo; pero la señora González-Sinde, que por lo demás siempre ha presumido de ser socia de la SGAE, se limitará a dar explicaciones al Congreso, y a regañadientes. Sería normal que los directivos de una entidad bajo sospecha de fraude, robo y malversación, si en realidad no tuvieran nada que ocultar, comparecieran ante la opinión pública abogando por la transparencia y, al menos, manifestando una pizca de humildad; en cambio, los dirigentes de la SGAE, con Víctor Manuel a la cabeza (casi siempre cantando loas al poder, de Franco a Zapatero), han reaccionado ante tamaño escándalo tomándonos el pelo (su 'colaboración con la justicia' consiste en investigarse a sí mismos) y, para más inri, mostrando ese aire de perdonavidas que se gastan semejantes chupópteros (todavía debemos darles las gracias por lo poco que nos esquilman cada vez que compramos un cd o ponemos una canción).

Pero, claro, la SGAE no es una sociedad privada normal: es una especie de organismo particular pero con capacidad de imponer exacciones, al modo de agencia tributaria pública. Un auténtico engendro jurídico-tributario creado para beneficio exclusivo de un 'lobby' al servicio del PSOE, de cuyo Gobierno siempre ha obtenido como contrapartida protección, estímulo, favores y cuantiosas subvenciones y ayudas. No es de extrañar que sus insignes prebostes se consideren exentos de responder públicamente de sus actividades: además de hallarse acostumbrados a actuar con total impunidad, alardean siempre que pueden de 'progres' y, como tales, depositarios de superioridad moral respecto del resto de los mortales. Hasta para llevárselo calentito.